DISCURSO DEL LIC. LUIS DANIEL RUIZ GUERRERO, TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, DURANTE EL ACTO CÍVICO A LA BANDERA

Xalapa, Ver., Lunes 27 de Agosto, 2018

Explanada Central de la Ciudad Judicial de Xalapa

MUY BUENOS DÍAS.

 

A nombre de mis compañeros, agradezco la presencia de los Señores Magistrados, Consejeros y Jueces que hoy nos acompañan, así como a todos los Directores, empleados de confianza y sindicalizados del Poder Judicial del Estado y muy especialmente al Director, maestros y niños de la Escuela primaria Guillermo Hernández Castellanos que con su participación dan mayor lucimiento a este acto.

 

Corresponde el día de hoy, al personal de los Juzgados Segundo y Cuarto de Primera Instancia de este Distrito Judicial, rendir homenaje a nuestro lábaro patrio, razón por la cual nos hemos congregado en este lugar donde semana a semana se cumple con esa actividad cívica y en cuya representación dirijo a tan selecto auditorio este mensaje.

Como hemos escuchado al dársenos a conocer las efemérides de esta semana por mi compañera Maricela Andrade Baz, son varios los acontecimientos a celebrar en estos días; sin embargo, yo solo me referiré a dos de ellos:

En primer lugar, a lo acontecido un día como hoy, pero del año de 1824, fecha en la cual nace a la vida jurídica la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, como actualmente se le conoce; y en segundo término, a la entrada en vigor de la Ley Federal del Trabajo expedida el 28 de agosto de 1931.

Con relación al origen de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, diré a ustedes, que la literatura sobre la función jurisdiccional de la primera mitad del siglo XIX, se concentra en dos ejes fundamentales: la creación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el nacimiento del juicio de amparo; pero muy poco se sabe sobre los primeros pasos del Poder Judicial.

En los trabajos que han abordado el origen del Poder Judicial, se aprecia que desde los primeros debates para constituir la nación por medio de una Constitución escrita, se discutieron los rasgos de independencia de la Corte, como son: permanencia en el cargo, método de elección, el perfil que debería de tener el juez constitucional y el Poder que debía tener la Corte. El debate sobre estas variables, ha sido recurrente desde nuestros orígenes constitucionales, hasta la reforma de 1994.

En el siglo XIX existió un fuerte espíritu constitucional, en el que aparecieron las ideas del liberalismo, como la soberanía, el principio de la división de poderes y el límite al poder político. El problema clásico de cómo frenar y contener el ejercicio del poder, se enfrentó con una sobrevaloración de la Constitución y de las normas jurídicas como elementos esenciales para garantizar la felicidad de la nación.

Los textos sobre el Poder Judicial y de la Corte, permiten tener una monografía sobre las influencias que se tuvieron, tanto en su diseño, como el papel que debían cumplir los jueces constitucionales, son trabajos descriptivos, en los que se pone énfasis en la herencia colonial de las instituciones judiciales, la continuidad de la normatividad de la Nueva España y la nueva configuración constitucional en un contexto de fragilidad política y social.

Un punto de partida para entender el papel de la Corte, es el principio liberal de la división de poderes. En las primeras Constituciones fue un problema porque no se logró un equilibrio entre poderes, generando una relación conflictiva entre el presidente y el Congreso. Tres factores influyeron en esta visión de los órganos del Estado: 1) la idea de la soberanía en la que el Congreso era el órgano más representativo de la nación; 2) el temor a la tiranía y al despotismo del Poder Ejecutivo, y 3) el hecho de que los primeros constituyentes no se percataron que había una distinción teórica, entre la teoría de los pesos y contrapesos y la de fronteras funcionales.

En el Acta Constitucional en 1824 se afirmó la división de poderes y de funciones. En el artículo 9º, se decía: “El Poder supremo de la federación mexicana se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y jamás podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola corporación o persona, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo”.

 Mientras que el artículo 18 disponía: “Todo hombre que habite en el territorio de la Federación, tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia; y con este objeto la Federación deposita el ejercicio del Poder Judicial en una Corte Suprema de Justicia, y en los tribunales que se establecerán en cada estado; reservándose demarcar en la Constitución las facultades de esta Suprema Corte.”

 En el esquema de la división de poderes establecido en el Acta Constitutiva, la definición del Poder Judicial fue un problema; no se tenía claro el papel que debía tener dentro del nuevo edificio del poder político, toda vez que el artículo 23 del Acta en mención indicaba que “…la Federación deposita para su ejercicio el Poder Judicial en una corte suprema de justicia, y en los tribunales y juzgados que se establecerán en cada caso”. Es decir, el poder de la Corte provenía de la Federación y los poderes constituidos.

En la Constitución de 1824, en el artículo 115 se estipuló: “El Poder Judicial de la federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y jueces de distrito”. Se agregó la palabra justicia, es decir, la cabeza del Poder Judicial tendría en sus labores, la función de la impartición de justicia, a diferencia, por ejemplo, de la diseñada en Filadelfia en 1787 como influencia de las Cortes de Cádiz de 1812.

Para Fix-Zamudio, son tres influencias que destacan en el diseño de la Corte. La primera consistente en la tradición novohispana; la segunda son las Cortes de Cádiz de 1812 y la tercera la influencia estadounidense. Sobre la continuidad y la herencia novohispana en la Corte, en los primeros años hay una coincidencia en la literatura. Una idea central del nacimiento de la Corte Suprema de Justicia es, ser heredera de la Audiencia de México y estar edificada por una generación de juristas con formación española.

Esta continuidad tiene una relación con los problemas estructurales y normativos que tuvo la Corte para instalarse, según lo estipulado en la Constitución de 1824.

Acorde con la visión francesa del Poder Judicial como un poder aplicador de las normas, los constituyentes de 1824 no le otorgaron a la Suprema Corte de Justicia el control de constitucionalidad. En la primera mitad el siglo XIX el control constitucional se le confió al Congreso, porque era el órgano más representativo de la sociedad y donde estaba la soberanía nacional. Este esquema predominó desde el Decreto de Apatzingán en 1814 hasta la Constitución de 1857; periodo que coincide con la “época de oro del Congreso mexicano” en el que la institución fue considerada la pieza central del régimen político.

Desde su conformación en 1824 hasta 1857, la Suprema Corte actuó como un “tribunal de apelación para los asuntos civiles y criminales del Distrito Federal”. Fue hasta la Constitución de 1857 cuando a la Corte se le otorgó otro papel al establecerse el juicio de amparo en los artículos 101 y 102 de esa Carta Magna.

Desde su nacimiento en 1824 hasta 1855 la Corte había logrado actuar de forma independiente y había tenido estabilidad, pese a los constantes conflictos políticos.

En la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha consolidado como el máximo tribunal constitucional del país.

Por cuanto a la Ley Federal del Trabajo, al cobrar vigencia, derogó todas las leyes y decretos expedidos con anterioridad en esta materia.

En la misma, se establecía, que el Estado podía decidir qué sindicatos eran reconocidos, independientemente de la voluntad de los trabajadores, así como también tenía la potestad para decidir la procedencia o improcedencia de la huelga.

En lo referente al plano laboral, el corporativismo adquirió el tráfico de contratos colectivos de protección para el patrón. Modelo, que en su época, resultó exitoso en el denominado milagro económico mexicano, durante el cual el país alcanzó altas tasas de crecimiento. Sin embargo, en la actualidad debido a la globalización del mundo, el corporativismo resulta un modelo económico y socialmente ineficiente.

Esta primera ley fue derogada el 1° de mayo de 1970, pero desde finales de la década de los 80, se venía intentado modificar nuevamente dicha ley, y no fue sino en el presente año cuando se materializa ese propósito, la cual si bien a la fecha aún no se concreta, podemos señalar que la nueva justicia laboral, en materia individual y colectiva, deja de estar en manos del Presidente de la República, de los Gobernadores y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje y en su lugar se crean los juzgados laborales, desapareciendo de esta manera los representantes obrero patronales en este tipo de resoluciones, quedando a cargo de un juez laboral esa decisión.

Se crearán Centros de Conciliación, que funcionarán en cada Estado de la República y en la Ciudad de México, los que estarán bajo la responsabilidad de los Gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; sucediendo lo propio en el ámbito federal.

Los centros de referencia contarán con plena autonomía técnica, operativa y presupuestaria, de decisión y de gestión.

La etapa de conciliación constará de una sola audiencia que será obligatoria y deberá ser fijada de manera expedita; y una vez agotada la conciliación, se turnará el expediente al juez resolutor.

Con la reforma constitucional que crea los juzgados laborales, se abre el escenario para consolidar un derecho privado del trabajo, consolidándose, así la igualdad de condiciones a trabajadores y patrones, anulándose con ello el carácter social del derecho laboral.

Estos dos sucesos en la historia del derecho y de sus instituciones, ponen de manifiesto el interés de los mexicanos, especialmente, el de los conocedores del derecho, en buscar siempre las mejores y mayores condiciones, para que, quienes tenemos a nuestro cargo la virtud de administrar justicia, lo hagamos actuando con honestidad y entrega absoluta, anteponiendo en todo momento el interés general.

Hay que tener en cuenta, que nos debemos, a quienes acuden a los tribunales, a impetrar justicia; que es a ellos a quienes dirigiremos nuestra función, cualquiera que sea el cargo que dentro del Poder Judicial desempeñemos, seguros de que no sólo encontrarán una respuesta, sino una excelente respuesta.

Que nuestra vocación de servicio, se refleje en cada uno de nuestros actos, conscientes de que la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia y que nuestra mayor satisfacción, al final de la jornada, sea confirmar que la decisión que hemos emitido, es la más justa, porque si bien, hay que luchar por el derecho, cuando en el ejercicio de nuestra actividad jurisdiccional, entren en conflicto el derecho y la justicia, optemos por la justicia, como lo aconseja Eduardo J. Couture en su 4° mandamiento.

Recordemos que el juez, dicta sentencias, en ejercicio de una función jurisdiccional; por tanto, nuestra misión como juzgadores, no puede ser, ni más augusta ni más delicada. A los jueces, se nos ha confiado la protección del honor, la vida y bienes de los ciudadanos; por lo que somos los depositarios de la confianza del pueblo.

NO DEFRAUDEMOS ESA CONFIANZA. SIMPLEMENTE CUMPLAMOS CON EL COMPROMISO CONTRAÍDO AL MOMENTO DE RENDIR PROTESTA POR EL ENCARGO QUE ACEPTAMOS.

TENGAMOS PRESENTE QUE LA ABSOLUCIÓN DEL CULPABLE ES LA CONDENA DEL JUEZ.

 

MUCHAS GRACIAS.